Muchas gracias diputada presidenta; Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Con la venía de mis compañeras diputadas, compañeros diputados, subo a la tribuna para acusar y evidenciar otro hecho de violencia y exceso de fuerza policial ocurrido el pasado 6 de febrero en el municipio de Santa Lucía del Camino.
El hecho ya es de todos conocido. Un ciudadano de la comunidad LGBTQ+ denunció abuso de autoridad; trato homofóbico y exceso de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad pública de dicho municipio.
Esta circunstancia no es aislada, en la red social Tik Tok hay, al menos una decena de videos que denuncian extorsiones, intimidación y maltratos por parte de los cuerpos policiacos. Sin pasar por alto, la lamentable muerte del joven universitario que fue ultimado en un supuesto reten de alcoholímetro.
Hay que decirlo, claro y conciso, los cuerpos policiacos en Santa Lucía del Camino están violando los derechos humanos de la ciudadanía.
¿qué proximidad y garantías de protección ciudadana puede ofrecer una corporación donde el último jefe policíaco ha sido relacionado con prácticas ilegales y uso desmedido de la fuerza pública en Santa Lucía del Camino como en Nochixtlán, o en las diversas carpetas de investigación abiertas en su contra?
¿Qué prevención del delito puede ofrecer la policía municipal, cuando entre sus elementos fomentan la realización de delitos como extorsión, abuso, exceso de fuerza pública?
Es evidente la falta de protocolos de actuación policial entre ellas, las violaciones al uso racional y proporcional de la fuerza pública. En ese sentido, operativos como del pasado 6 de febrero donde fue brutalmente golpeado Enrique Bazán Pérez o, el acontecido en septiembre del año pasado donde falleció Diego Paz, trae consigo un recuento actos que, más allá de ser desafortunados, han puesto en entredicho la actuación de las fuerzas de seguridad pública en ese municipio, generando la incertidumbre de no saber sí cuentan con el adiestramiento, conocimiento y respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y a la capacidad para portar armas de fuego.
Como representante popular advierto con preocupación que no todos los elementos de esta corporación cuenta con el mínimo de preparación y disuasión en el uso de la fuerza pública, ya ni hablar respecto de adiestramiento en la procuración y respeto a los Derechos Humanos, por lo que URJO al Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado coordine una estrategia transversal con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal a fin de disolver dicha corporación y reemplazarla por elementos de la guardia nacional con probada certificación en las evaluaciones de control de confianza.
Asimismo, el Grupo Parlamentario del PT exhorta al cabildo de Santa Lucía del Camino a presentar ante la Fiscalía a los elementos de su corporación por el abuso y exceso de fuerza pública cometidos contra la ciudadanía.
Exhortamos a la Defensoría de los Derechos Humanos a que haga público el número de quejas que se han presentado por violaciones a la integridad y abuso de autoridad cometidos contra la ciudadanía, así como el número de recomendaciones que se han realizado al presidente municipal por las faltas cometidas por sus elementos de seguridad pública.
Finalmente, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, asuma las facultades y tareas de seguridad pública en Santa Lucia del Camino antes que el problema sea de mayor magnitud.
Muchas gracias.
